I. El derecho de voto con respecto a los derechos de las minorías, a los derechos humanos y a la auto-determinación
Los principios que guían el sistema electoral norteamericano forman el contexto en el que los partidos políticos proimperialistas frenan los retos en
contra de su poder. Estados Unidos se estableció mediante la conquista, la esclavitud, el genocidio y el imperio. Este devenir histórico da forma a la cultura política actual en la que las elecciones están
bajo el dominio de una mayoría blanca patriotera, punitiva y agresivamente racista, en la que las comunidades de las minorías están terriblemente divididas por cuestiones ideológicas o de clase, y en la que
los elementos y grupos más oprimidos de la sociedad no están registrados, son indocumentados y están encarcelados. Ésta es una contradicción fundamental del sistema arraigada en la estructura misma de la
votación en Estados Unidos.El sistema electoral norteamericano está estructurado para dar el poder a quienes tienen derecho a votar y no protege los derechos constitucionales y humanos de
las minorías raciales y étnicas en contra de los abusos de las mayorías racistas que votan. En la teoría constitucional estadounidense se reconocen los derechos de las minorías en un nivel conceptual, pero
la historia ha demostrado que eso no sucede en la práctica. La Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos desarrollaron algunas teorías de "derechos inalienables" y una "declaración de
derechos" para proteger al individuo tanto del uso invasivo de las fuerzas policíacas y militares como de la "tiranía de la mayoría"—inicialmente en la guerra de independencia contra la monarquía británica.
Estas nobles y, de hecho, progresistas teorías sobre la protección del individuo y los grupos en contra de la represión estatal, como la libertad de expresión y de congregarse, por ejemplo, quedaron
restringidas desde un principio pues se basaron en el supuesto de que la "sociedad" la constituían los propietarios blancos y los "derechos" se aplicaban a la clase burguesa masculina y blanca que se oponía
a la corona. Por lo tanto, el término "democracia burguesa" se refiere a los derechos de los capitalistas en contra del Rey y no a una democracia de la clase trabajadora en contraposición con los
capitalistas. Durante siglos, en un país establecido atraves a la conquista genocida de las tierras de los nativos y la esclavitud de negros africanos, el concepto de "el voto de la mayoría" ha
permitido a los terratenientes blancos determinar los derechos de los demás. Los individuos con voto han argumentado entre ellos si quienes no lo tienen pueden votar; y las personas con derechos han debatido
acerca de que si quienes no los tienen, pueden tenerlos. Por lo tanto, después de la Guerra de Secesión, se necesitó una mayoría electoral blanca y masculina para aprobar la 13ª Enmienda para liberar a
los esclavos, la 14ª Enmienda para hacerlos ciudadanos con igualdad de protección bajo la ley y la 15ª Enmienda para darles el "derecho" a votar. Fueron así mismo los electores blancos varones quienes, para
1877, anularon los logros progresistas y revolucionarios de la época de Reconstrucción posterior a la Guerra de Secesión e impusieron las leyes racistas (Jim Crow laws) que literalmente volvieron a
esclavizar a los negros recientemente liberados. En 1919, un electorado masculino votó al fin por el sufragio femenino y todavía, hasta la fecha, es la mala disposición de los votantes blancos masculinos en
los organismos representativos en todo el país que han prevenido la ratificación de la Enmienda de Igualdad de Derechos. En cada una de estas situaciones, los individuos sin derecho a voto han tenido que
encontrar maneras para presionar, apelar y transigir con quienes tienen el poder del voto a fin de obtener algunos derechos. La norma del comportamiento del voto de la mayoría ha sido, por otra parte,
institucionalizar aún más la exclusión en todas las oportunidades. En California, en la última década, las mayorías racistas conservadoras han votado a favor de ataques ingeniosamente
elaborados en contra de las minorías utilizando el proceso de iniciativas en las elecciones generales. Con la Proposición 187, "Salva a nuestro estado", se niega la atención médica, la educación y hasta la
alimentación a los inmigrantes indocumentados; con la Proposición 184, "Tres strikes
y fuera", se imponen condenas de cadena perpetua obligatorias a muchos negros, latinos, indios americanos y asiáticos de bajos ingresos; con la Proposición 209, la "Iniciativa de los derechos civiles", se proscriben los programas de acción afirmativa patrocinados por el estado; con la Proposición 21, la "Iniciativa de justicia para menores", se imponen condenas de adultos a los jóvenes negros y latinos; con la Proposición 227, "Inglés para los niños", se eliminan los derechos lingüísticos y los programas de educación bilingüe para los inmigrantes latinos y asiáticos.
En los últimos ocho años, en el ámbito nacional, un flujo constante de decisiones de la Suprema Corte han ampliado los derechos de la policía para obtener confesiones por cohecho; permitido la
presentación de pruebas contaminadas en los tribunales; anulado distritos electorales de minorías; y restringido la autoridad y los recursos de las leyes de derechos civiles. El Congreso estadounidense y la
administración de Clinton ha aprobado la ley de Pena de Muerte Efectiva que viola los derechos de hábeas corpus que han existido durante siglos con el fin de asegurarse de que efectivamente se ejecute al
número excesivo de prisioneros negros y latinos en el corredor de la muerte. En la actualidad, nueve estados prohíben en forma permanente el derecho de voto a los delincuentes de delitos mayores que han
quedado en libertad. El Sentencing Project en Washington D.C., según informa Earl Ofari Hutchinson en el Los Angeles Times, calcula que un 40% de negros tiene prohibido votar de por vida en esos
estados. El gobierno de Clinton que habló del derecho al voto se mantuvo notoriamente silencioso cuando los estados empezaron a arrestar a negros y latinos con cargos injustos y les negaron el voto cuando
salieron de la prisión. Estas medidas representan la versión más reciente del impuesto comunitario de capitación y otras maniobras legales diseñadas para negar a los negros el sufragio. En el
punto cumbre de los movimientos antirracistas de la década de 1960 en Estados Unidos, la organización Black Panthers pidió que se realizara un referendo en toda la población negra con el fin de determinar
cuál era su relación con Estados Unidos mientras que Malcolm X propuso, a su vez, que los negros acudieran a las Naciones Unidas para reivindicar derechos humanos que fueran independientes del sistema
norteamericano. Durante ese período, los resistentes contra la guerra desconocieron la legitimidad del gobierno norteamericano para entablar "legalmente" una guerra genocida en contra de Vietnam y se
dedicaron a aplicar una amplia gama de tácticas de resistencia a la conscripción y antibélicas a fin de retar una guerra injusta e imperialista. Esta perspectiva extrajudicial y extraelectoral es la
aportación unica de la Izquierda antiimperialista al debate electoral, y conserva su importancia imprescindible, todavía más hoy en día. El peor error para la Izquierda antiimperialista no
sería votar por el candidato "equivocado", sino más bien aumentar las ilusiones sobre el sistema electoral en el corazón mismo del imperio norteamericano en un momento en que nuestra responsabilidad
extraordinaria es retar sus preceptos fundamentales. La izquierda antiimperialista tienen la responsabilidad de presentar el reto más fundamental y, a la vez, más revolucionario en contra del
sistema mismo: Los derechos humanos de todos los pueblos, pero en particular los de los grupos minoritarios y los que no tienen el sufragio, son inviolables. Los derechos de las personas oprimidas por su
nacionalidad, por ser parte de un grupo indígena o por ser inmigrantes no se pueden eliminar por votación ni ser abrogados por el grupo racial dominante ni por ninguna otra forma de mayoría electoral o
política. Cuando adoptamos esta perspectiva en la política electoral, podemos ver que existe, de hecho, la necesidad de formar un movimiento fuerte (arraigado en la desobediencia civil, la negacion a
someterse a leyes injustas y la acción militante directa) para retar la legitimidad total del sistema electoral y prevenir la aplicación de "iniciativas" con prejuicios sociales o de clase. |